Por Fernando Rementería, gerente del programa de cambio climático de Salud sin Daño para América Latina
Entre el 29 y el 31 de julio de 2025, se celebró en Brasilia la Quinta Conferencia Global sobre Clima y Salud, organizada por el Ministerio de Salud de Brasil junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El encuentro, que también formó parte de la agenda oficial de la Alianza para la Acción Transformadora en Clima y Salud (ATACH), se consolidó como un espacio importante en el camino hacia la COP30, que tendrá lugar en Belém do Pará entre el 10 y el 21 de noviembre de este año.

El lugar y el momento del encuentro no son menores: fue en Río ‘92 cuando Brasil fue testigo de la suscripción de la Carta de la Tierra, un hito que convocó a las naciones a construir un marco común hacia el desarrollo sostenible, en respuesta a los daños provocados por la especie humana sobre los sistemas planetarios. Hoy, 33 años después, Brasil tiene nuevamente la oportunidad de influir en la conversación global, esta vez poniendo el tema de la salud en el centro de la acción climática.
Históricamente, la salud ha sido considerada un aspecto secundario o un subsector en las negociaciones climáticas. No obstante, la evidencia acumulada ha ido cambiando este panorama. Hoy sabemos que el cambio climático tiene efectos adversos directos e indirectos sobre la salud, tanto en las comunidades como en los propios sistemas de salud.
Ante este panorama, el Programa de Salud de la COP26, lanzado en 2021 en Glasgow, utilizando como catalizador la Alianza para la Acción Transformadora sobre Clima y Salud (ATACH), marcó el primer esfuerzo global dentro de la agenda de acción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para posicionar la salud en el centro de la acción climática. Este impulso abrió el camino a iniciativas posteriores, como la Agenda de Adaptación de Sharm el-Sheikh (Egipto, 2022) y la Declaración de Dubai sobre Clima y Salud de la COP28 (2023), que han fortalecido la coordinación internacional y ampliado la ambición en el sector salud frente al cambio climático.
En este marco de esfuerzos, la conferencia presentó el Plan de Acción en Salud de Belém como una herramienta de planificación que establece objetivos en materia de adaptación y resiliencia bajo tres pilares estratégicos. Este plan, con un enfoque en la intersección de equidad en la salud y la justicia climática, resulta más detallado en comparación con las agendas y declaraciones previas respecto a las acciones específicas para fortalecer la adaptación en el sector salud. A diferencia de la declaración de Dubái y la agenda de Sharm El‑Sheikh, el Plan de Belém se presenta como una hoja de ruta técnica y programática, útil para orientar la acción en un ámbito que, como la adaptación, tiende a ser más complejo, contextual y menos estandarizado que la mitigación.
No obstante, aunque representa un esfuerzo significativo del Ministerio de Salud de Brasil, el plan mantiene un enfoque exclusivamente adaptativo, dejando fuera la agenda de mitigación y descarbonización del sector salud. Elementos clave impulsados en la Declaración de Dubái que podrían ser más detallados, como el establecimiento de metas de reducción de emisiones o la elaboración de planes nacionales de acción climática específicos para el sector, no han sido considerados.
Esto representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia una definición más clara y concreta de acciones de mitigación en el sector salud, que se nutra de iniciativas ya existentes, como la Carrera hacia el cero, y que pueda fortalecerse a través de plataformas de implementación y financiamiento efectivas. Estas acciones deberían también incorporar una visión integrada, en línea con los hallazgos del primer Balance Global (Global Stocktake), que es una revisión conjunta a nivel mundial que mide el progreso colectivo frente al cambio climático, el cual subraya no sólo la urgencia de implementar acciones de adaptación y mitigación, sino también los múltiples co-beneficios en salud que la mitigación puede aportar: desde mejoras en la calidad del aire hasta sistemas sanitarios más eficientes, sostenibles y resilientes.
Así como el Plan de Acción de Belém ofrece una hoja de ruta clara para la adaptación, es indispensable complementar dicha agenda con líneas de acción específicas que orienten la transformación del sector salud hacia un modelo bajo en carbono. La falta de esta dimensión limita el avance hacia una estrategia climática integral e impide aprovechar plenamente las sinergias entre adaptación y mitigación, y los beneficios que podrían derivarse de su integración.
Además, algunos países han proporcionado retroalimentación para mejorar ciertos aspectos y fortalecer su implementación, como la inclusión de indicadores de seguimiento o un cronograma de ejecución. Esto representa una oportunidad para avanzar en la atención de las necesidades del sector salud de manera estructurada y con metas temporales definidas, reduciendo progresivamente los rezagos históricos acumulados.
En paralelo, en los diversos paneles de la conferencia de Brasilia, participaron representantes de ministerios de salud y ambiente, academia y centros de investigación, empresas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas. Uno de los objetivos de la conferencia fue que investigadoras e investigadores compartieran avances científicos sobre la relación entre clima y salud, así como mostrar resultados de adaptación que sustenten el Plan de Acción de Belém.
Sin embargo, el avance en evidencia no basta. Los participantes de la conferencia identificaron importantes desafíos en la implementación de herramientas en materia de adaptación y mitigación. Por ejemplo, aún se enfrenta la dificultad de homogeneizar indicadores de impacto climático y salud, tanto a nivel nacional como regional. Otro obstáculo discutido durante el evento es la falta de armonización en las terminologías: mientras en un país se utiliza un término para describir fenómenos como sequías u olas de calor, en otro se emplean definiciones distintas, lo que dificulta el análisis comparativo y la coordinación.
Durante la conferencia, se planteó la necesidad de superar la “esfera ecotecnócrata” en la que muchas veces se desarrollan las discusiones sobre salud y cambio climático. No se trata únicamente de revisar las metodologías existentes —muchas de ellas valiosas, como las desarrolladas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para definir hospitales inteligentes o por Salud sin Daño para medir la huella de carbono—, sino también de cuestionar la forma en que el sector opera. En muchos casos, se ha consolidado una zona de confort donde participan los mismos actores de siempre, bajo una lógica de arriba hacia abajo. Esta dinámica reproduce enfoques desconectados de las realidades locales y limita la construcción de soluciones que respondan a las capacidades humanas, técnicas y presupuestales de los establecimientos de salud en América Latina. Repensar esta lógica es clave para lograr una transformación más justa, contextualizada y efectiva.
Nuestra región, la más desigual del mundo, se enfrenta al cambio climático como el principal acelerador de la pobreza y la inequidad. No todos los sistemas de salud tienen la misma capacidad de respuesta. En América Latina y el Caribe, conviven hospitales de tercer nivel que han adoptado sistemas internacionales que evalúan y reconocen edificios y espacios construidos con altos estándares de sostenibilidad y eficiencia ambiental (por ejemplo, certificaciones LEED) con centros rurales que atienden a más de seis comunidades en la Amazonía. Este tipo de contrastes nos obliga a diseñar herramientas simples pero escalables, que eleven el nivel de ambición analítica según las realidades locales.
Asimismo, el Plan de Acción de Belém incorpora apartados sobre la formulación de políticas de adaptación con enfoque de género, personas con discapacidad y comunidades indígenas, priorizando a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el documento solo menciona la participación de comunidades tradicionales y comunidades indígenas, sin contemplar de manera explícita a otros grupos, y aunque se hace referencia a distintos sectores, carece de directrices específicas para poblaciones como la niñez, los migrantes o las personas adultas mayores. Para fortalecer su alcance en el ámbito de la salud, resulta necesario integrar políticas que reconozcan y atiendan estas poblaciones mediante un enfoque de interseccionalidad, interculturalidad e intergeneracionalidad, que analice cómo la combinación de diversas condiciones de vulnerabilidad incrementa las desigualdades en salud y genera impactos diferenciados. Ello permitiría avanzar hacia medidas de adaptación más inclusivas, efectivas y coherentes con los principios de equidad en salud y justicia climática.
Respecto al conocimiento, y a las formas en que lo entendemos, las organizaciones que trabajan con comunidades pusieron sobre la mesa su experiencia directa y sus saberes. Aquí es donde se vuelve imprescindible trascender los espacios políticos formales y ampliar la participación real de las comunidades más afectadas. Estas comunidades no son intrínsecamente vulnerables: su vulnerabilidad es resultado de condiciones impuestas por el sistema político, socioeconómico y cultural. Por eso, es necesario financiar y articular adecuadamente sus aportes. Comprender la salud desde su cosmovisión, integrar saberes ancestrales como la “farmacia viva” y valorar sus estrategias para enfrentar sequías, inundaciones y otras amenazas son pasos esenciales para una resiliencia genuina. Estos saberes deben convivir con las infraestructuras médicas y hospitalarias: no en competencia, sino en articulación.
Durante el evento, también se presentaron experiencias valiosas por parte de ministerios de salud de países miembros de ATACH, que han trabajado en la elaboración de planes de adaptación. Por ejemplo, Granada, una nación insular de apenas 125 mil habitantes, logró definir un plan nacional de adaptación. En ese sentido, es importante fomentar el intercambio de experiencias entre los propios ministerios de salud. Sin embargo, siendo una conferencia global, hizo falta mayor presencia institucional. Si bien la agenda incluyó muchas experiencias valiosas y presentaciones de países que han avanzado, cabe preguntarse: ¿esta información está llegando a las audiencias que más la necesitan? ¿Está llegando a los ministerios que más apoyo requieren? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden una mayor participación?
En este contexto, la iniciativa ATACH puede convertirse en el vehículo con mayor poder vinculante, para que la OMS y otras organizaciones impulsen de forma más activa el liderazgo y la abogacía de los ministerios de salud.
Y mientras se fortalece el marco técnico y político, el financiamiento climático continúa siendo una barrera a la hora de la implementación. Aunque se reconoce la necesidad, la oferta sigue muy por debajo de la demanda, y muchas promesas financieras realizadas al Sur Global no se han cumplido. América Latina es un claro ejemplo: sólo cuatro proyectos del sector salud han sido financiados por el Fondo Verde para el Clima, y ninguno en la región de América Latina y el Caribe. A la vez, apenas dos proyectos han sido aprobados, uno en Bolivia y otro en Argentina, bajo el componente de apoyo preparatorio (llamado Readiness).
Otro hito que destacó en el encuentro en Brasilia fue el anuncio de la presidencia de la COP30 de que, como parte de la Agenda de Acción hacia la cumbre, los sistemas de salud resilientes al clima serán una de las 30 áreas prioritarias del Balance Global, donde se presentarán estudios de caso sobre la implementación de compromisos y se anunciarán planes para acelerar la acción. Salud sin Daño forma parte del Grupo de Activación en Salud convocado por la presidencia y llevará a Belém ejemplos del Desafío de la salud por el clima y de la iniciativa Carrera hacia el cero.
El reto hacia la COP30 es enorme, pero también es una oportunidad única. La cumbre tiene el potencial de construir sobre las bases creadas en esta conferencia y en otros antecedentes globales, incluyendo agendas, planes y encuentros previos, en torno a salud y clima. En Brasilia se logró congregar a los actores más influyentes en esta intersección, generando un impulso que no podemos desaprovechar. Ahora, como sector, debemos garantizar que sus conclusiones lleguen a las mesas multisectoriales de decisión y abrir espacios para las voces de las y los profesionales de la salud, así como de las organizaciones que promueven una agenda de equidad en salud con justicia climática. Estamos en un momento clave para transformar el compromiso en acción concreta y duradera.
La Quinta Conferencia Global sobre Clima y Salud reafirmó que el sector salud tiene un papel clave en la agenda climática y que existe un compromiso creciente por avanzar. Los desafíos son grandes, pero también las oportunidades. Este es el momento de traducir las discusiones en acciones concretas, de fortalecer alianzas, movilizar financiamiento y garantizar que la salud esté integrada de forma efectiva en las decisiones sobre cambio climático. De cara a la COP30, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de consolidar este camino.
Participación de Salud sin Daño en la Conferencia Global sobre Clima y Salud
En el marco de la Quinta Conferencia Global sobre Clima y Salud, realizada en Brasilia, Salud sin Daño presentó diversas iniciativas orientadas a impulsar una transformación profunda del sector salud hacia modelos más sostenibles y resilientes frente a la crisis climática.
En colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la iniciativa I-CAN (Salud y Nutrición) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la organización compartió experiencias sobre la transición hacia cadenas de suministro más sostenibles en el entorno sanitario, destacando la compra de alimentos saludables, seguros y con bajo impacto ambiental como una herramienta clave para el cambio estructural.
Asimismo, en alianza con Unitaid y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), se abordó la necesidad de avanzar hacia cadenas de suministro que integren mitigación y adaptación bajo criterios de transición justa. La discusión incluyó aspectos como la innovación de productos, los procesos de producción y logística, así como factores habilitadores como la regulación, los estándares de calidad y la demanda institucional. De forma complementaria, se publicará un artículo sobre cadenas de suministro sostenibles, uno de los cinco textos de la serie sobre desarrollo sostenible del ADB en los que Salud sin Daño colaboró.
Durante la conferencia también se presentó la Posición regional de clima y salud de América Latina, elaborada colectivamente por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, incluida Salud sin Daño. Este documento busca orientar y ejercer presión tanto sobre los gobiernos nacionales como sobre actores internacionales, proponiendo una agenda integral que abarque mitigación, adaptación, fortalecimiento de capacidades y acceso a financiamiento, con un enfoque de justicia climática.
En este mismo espacio, la Alianza por el Clima y la Salud (CAHA) Australia, colaborador estratégico de Salud sin Daño, llevó a cabo una intervención centrada en la intersección entre clima y calidad del aire, a través de la sesión “El derecho a un aire limpio: de Brasil a Australia y el Pacífico”. La actividad contó con la participación del Instituto Air y de la coalición Respira Amazonia, e incluyó un cortometraje con testimonios de líderes de Australia y el Pacífico.
En la antesala de la COP30, el Projeto Hospitais Saudáveis, socio estratégico de Salud sin Daño en Brasil, lideró la elaboración del manifiesto “Clima es salud, salud es clima” que reúne a organizaciones del sector salud en Brasil, con el objetivo de posicionar la salud como un eje central de la acción climática nacional y de fortalecer la voz del sector en las discusiones y decisiones que marcarán la cumbre.
La participación de Salud sin Daño en este espacio internacional reafirma su convicción de que la salud debe ocupar un lugar central en las políticas climáticas, impulsando transformaciones justas, sostenibles y orientadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.